El conflicto armado hoy en el Nororiente (3a. parte)



Al dejar el mando de la 5ª Brigada del Ejército, en diciembre último, su comandante, con una amplia jurisdicción en el Nororiente, manifestó que durante 2004 y 2005 las operaciones más fuertes se concentraron en el Catatumbo y el Sur de Bolívar.

Y que todas las acciones militares en su conjunto permitieron, entre otras cosas, mantener el flujo vehicular por las carreteras de Santander y Norte de Santander, neutralizar los atentados contra la infraestructura vial, reducir los secuestros, asesinatos y extorsiones en ciudades que tenían mayores problemas, evitar las tomas armadas de la guerrilla a poblaciones y garantizar la gobernabilidad al lograr que los 140 alcaldes de los municipios de esa jurisdicción militar pudieran despachar desde sus localidades.

A pesar de ese panorama, algunas situaciones merecen destacarse porque demuestran que la actividad de los grupos armados ilegales sigue siendo alta.

El informe “Obstinación con la guerra – Conflicto armado y crisis de derechos humanos en el Nororiente” (Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, 2005: 65) explica: “Muchas de las acciones de los grupos armados ilegales y del Estado se han orientado a dificultar el trabajo de las organizaciones sociales, en especial aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la organización comunitaria y el ejercicio legítimo del sindicalismo”.

El informe coincide con el Ejército en el sentido que se han incrementado las acciones militares del Estado contra los grupos armados ilegales, en particular contra las Farc. Ello ha producido algunas modificaciones en el mapa del conflicto (2005: 99):

“Las autodefensas incrementaron y consolidaron su presencia militar en el sur de Santander, sur de Bolívar, Catatumbo incluyendo Área Metropolitana de Cúcuta, región urbana de la provincia de Soto (Bucaramanga y sus alrededores), la provincia de Pamplona y el corredor de los estados de Apure, Táchira y Zulia, en Venezuela. La presencia y control militar de las autodefensas de y desde los principales centros urbanos en el Nororiente: Área Metropolitana de Cúcuta y Pamplona; Área Metropolitana de Bucaramanga y centros urbanos como Aguachica, Cimitarra, Landázuri, y parte de Barrancabermeja. Los grupos insurgentes de las Farc y el Eln se replegaron a las zonas montañosas de la Serranía del Perijá, El Cocuy y el piedemonte del macizo montañoso aledaño al Cocuy, y la Serranía de San Lucas”.

El conflicto en el Magdalena Medio continúa siendo complejo, como lo reflejan estos elementos extraídos de los informes mensuales que en 2005 presentó el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI): Algunas zonas continúan en disputa por los diferentes actores armados; el mayor número de homicidios ocurrieron en las 2 ciudades más importantes de la región, Barrancabermeja y Aguachica, consideradas por organizaciones sociales y de derechos humanos como controladas por los paramilitares; la inmensa mayoría de esos crímenes se atribuyó a los paramilitares y algunos tienen que ver con la mal llamada ‘limpieza social’ y con posibles ajustes de cuentas entre miembros del Cartel de la Gasolina, manejado por ellos mismos; en Barrancabermeja continuaron las amenazas de muerte y las ‘listas negras’ que incluyeron a personas de organizaciones sociales, de derechos humanos y del mundo comunitario.

El año pasado, en el Magdalena Medio todos los grupos armados hicieron amenazas individuales o colectivas y fue noviembre el mes más crítico. Ese mes, el Observatorio de Paz Integral dijo: “En lo corrido del año se han registrado 57 combates en el Magdalena Medio, de los cuales 28 tuvieron lugar en el sur de Bolívar”.

La Fundación Seguridad y Democracia aportó elementos adicionales: en Santander, “en municipios con fuerte control de los paramilitares han vuelto los combates contra la guerrilla”. En Norte de Santander las Farc han atacado en regiones antes controladas por el desmovilizado Bloque Catatumbo de las Auc y han ganado algo de espacio que no tenían; en el mismo departamento, “luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo se ha dado una fuerte disputa por los recursos derivados del contrabando, la venta ilegal de gasolina, el comercio de automóviles traídos de manera ilegal desde Venezuela –buena parte de ellos robados–, que ha comprometido a excombatientes de esta organización”.

En Cúcuta, la presencia armada de paramilitares en barrios fue denunciada por el periódico La Opinión el 27 de enero pasado: “En los últimos meses, por lo menos 15 serenos (celadores de barrio) y dirigentes comunales han sido asesinados en la capital de Norte de Santander. Otros 2 líderes comunales están amenazados (…) Investigaciones efectuadas por la Fundación Progresar han permitido establecer que los ‘paras’ retornaron a los barrios La Concordia, El Porvenir, El Trigal, Toledo Plata y Caño Limón”.

Entre tanto, en Arauca la guerrilla ha continuado con acciones de sabotaje de magnitud como la voladura de torres de energía y los llamados ‘paros armados’ que afectan el transporte y el suministro de alimentos y combustible. También se siguen presentando retenes en vías y la activación de explosivos.

Aún todo este panorama, mirado en su conjunto el Nororiente colombiano, han bajado los homicidios y secuestros.

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