La verdad, esa que no tiene precio

A Jesús María Valle Jaramillo, un valiente defensor de derechos humanos en Antioquia, lo mataron hace nueve años por decir la verdad, por luchar a toda costa por ella.

Fue el 27 de febrero de 1998 en su oficina, la 405, en un edificio del centro de la ciudad situado a todo el frente del Tribunal Superior de Medellín y a media cuadra del Banco de la República, lugares donde siempre hay vigilancia policial.

Dos hombres y una mujer entraron al lugar, obligaron a su hermana -quien era su secretaria- a tenderse al piso. A Jesús María le amarraron las manos con los cordones de sus zapatos y después lo acribillaron de dos disparos en la cabeza. En el operativo participaron unos 15 asesinos.

Valle venía denunciando la complicidad de la fuerza pública con paramilitares que estaban masacrando personas en Ituango, su pueblo, donde además era concejal.

“En todo el perímetro urbano, al lado de la Alcaldía, al lado del Comando de la Policía y muy cerca del Ejército, se encuentra domiciliado el Comando Urbano Paramilitar. Todas las autoridades civiles, eclesiásticas y organismos de control pueden dar fe de la forma como viene operando el mencionado grupo en el municipio de Ituango”, dijo Valle en un documento que le entregó personalmente, el 9 de diciembre de 1996, al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Lo denunció por escrito y lo reiteró de palabra en esa reunión, a la cual asistieron varias personas, entre ellas dos delegados de la Defensoría del Pueblo y un sacerdote.

Esas denuncias las hizo muchas veces en privado y de manera pública: no es sino ver los periódicos de entonces o documentos que reposan en la Gobernación, como un oficio dirigido el 20 de noviembre de 1996 al mismo Uribe Vélez.

Por esas denuncias, qué maldita paradoja, un oficial de la IV Brigada del Ejército, unidad operativa con jurisdicción en Ituango, le entabló una demanda penal.

El 26 de febrero de 1998, Valle acudió a la Unidad Segunda de Delitos Querellables, de la Fiscalía Local de Medellín, que lo citó por esa acción penal. Por primera vez la justicia iniciaba una investigación, pero no por las atrocidades que los paramilitares estaban cometiendo en Ituango, sino por la demanda que el militar le había puesto a este defensor de derechos humanos.

Allí tampoco Valle tuvo miedo y ratificó todo lo dicho. Exactamente 24 horas después fue asesinado.

Ejemplo de dignidad

A comienzos de mayo de 2007, la familia de Jesús María Valle dio un ejemplo de dignidad y honor a la verdad al rechazar 1.700 millones de pesos que les ofreció el Estado colombiano por perjuicios morales y materiales causados por ese crimen.

El Estado reconoció que no le brindó la debida protección, que omitió su responsabilidad al no protegerlo, a pesar de que en forma abierta se conocía que estaba amenazado de muerte, y ofreció tal suma para pagar su error.

A los familiares no les importó ese dinero pues lo que querían era la verdad. Y para ellos era que agentes estatales no sólo omitieron su responsabilidad sino que participaron en forma activa en el asesinato.

Hoy cuando realitys y concursos de televisión tergiversan la idea de ‘verdad’ ofreciendo dinero por jugar con ella, por utilizarla según convenga en esos programitas frívolos y vacíos que son mero show, el ejemplo de la familia Valle nos recuerdan que hay cosas superiores que no valen ni todo el oro del mundo.

La verdad no es una mercancía que se compra y se vende, ni es un material maleable según el mejor ofrecimiento o la conveniencia particular: es un bien sagrado que la sociedad debería honrar, defender y exigir.

Un bien que para todos los ciudadanos, pero principalmente para nosotros los periodistas debería estar tatuado en nuestra piel porque sin ella nada valemos y nuestra labor nada vale. Así pregonen lo contrario la televisión o nuestro Estado indolente que cree que los crímenes, la historia o la realidad misma se pueden tapar ofreciendo plata.