Enemigos con nombre y apellidos de la restitución de tierras en Colombia
La
propiedad de la tierra está en el centro del conflicto armado en Colombia. La
devolución de predios robados o despojados principalmente a pequeños
campesinos, mediante la violencia, ha sido un proceso lento y complejo que
cuenta con muchos enemigos, incluso dentro del mismo Estado.
Artículo
que publiqué originalmente en Otramérica
Uno de los caballos de batalla de
terratenientes y funcionarios del gobierno de Colombia que se oponen a la
restitución de tierras robadas a miles de campesinos en todo el país durante
las últimas décadas es el supuesto argumento de que existen “falsas víctimas”
que quieren aprovecharse de la situación y de la ley que permite devolver esas
tierras.
Sin embargo, la cosa no es así: “Falsas
víctimas no, lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe”,
aclara la Fundación Forjando futuros en su último informe sobre esta
problemática.
Lo que implica mover entre la opinión
pública la tesis de las “falsas víctimas” es que se lleva a desconocer el
principio de buena fe de los reclamantes de tierras y “a revictimizar a las
familias despojadas”. Además, “pone en riesgo la vida de los reclamantes,
legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del
despojo y esconde los escasos resultados de la implementación de la Ley de
Restitución de Tierras”, opina Forjando Futuros.
La propiedad de la tierra en Colombia es señalada por muchos analistas como uno de los elementos que detonó el conflicto armado interno en sus inicios hace más medio siglo y que sigue siendo factor central en las disputas actuales.
La propiedad de la tierra en Colombia es señalada por muchos analistas como uno de los elementos que detonó el conflicto armado interno en sus inicios hace más medio siglo y que sigue siendo factor central en las disputas actuales.
La Fundación Forjando Futuros es una
organización de la sociedad civil que desde hace una década trabaja con
comunidades en la búsqueda de soluciones a problemáticas de salud, vivienda,
medio ambiente, participación y cultura ciudadana. Uno de sus más fuertes
campos de trabajo es hacer seguimiento al robo de tierras en Colombia por
motivo del conflicto armado o amparado en él. Por todo su trabajo recibieron el
Premio Nacional de Paz en 2012, uno de los reconocimientos de mayor prestigio
en el país.
Datos reveladores
Después de estudiar 1.000 sentencias
judiciales, Forjando Futuros entregó datos que desmienten los argumentos de
terratenientes y funcionarios estatales que se oponen a la devolución de
tierras despojadas:
-
El 98 % de los reclamantes de
tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces.
-
El 2 % restante “no demostró
su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este fuera
consecuencia del conflicto armado”.
-
El 89 % de quienes se oponen
a los procesos de devolución de tierras que adelantan los jueces adquirió los
predios “aprovechándose de las condiciones de violencia, lo que demuestra que
el problema fundamental son los falsos propietarios”, dice Forjando Futuros.
Los que se oponen
El instrumento legal para lograr la
devolución de tierras robadas o despojadas por la fuerza en Colombia es la Ley
1448 de 2011, conocida precisamente como “ley de víctimas y de restitución de
tierras”.
Ese cuerpo normativo entiende por
“opositor” a la persona que se considera con igual o mejor derecho sobre el
predio que está reclamando una víctima de despojo. Esa persona debe probar ante
la justicia que adquirió las tierras sin aprovecharse de las condiciones de
violencia que había en la región donde está la propiedad.
Forjando Futuros dice que 10 personas
representan la mitad del total de las oposiciones en los procesos judiciales de
restitución de tierras:
-
Hever Wálter Alfonso Vicuña.
-
Gabriel Jaime Vásquez
Quintero y Guillermo León Restrepo Rico.
-
Miguel Enrique Ríos Dávila.
-
Gabriela Inés Henao Montoya y
Diego Alois Sierra.
-
Benjamín José Alvarado
Bracamonte.
-
Juan Bautista Serna Serna.
-
Hernando Manuel Mesa Vergara.
-
Álvaro Mesa Cadavid.
Forjando Futuros aclara sobre estas personas: “Ninguno probó la buena fe en los procesos judiciales”. Se entiende que era la “buena fe” al hacerse propietario de las tierras les reclamaban ciudadanos que argumentaban ser los legítimos dueños.
Forjando Futuros aclara sobre estas personas: “Ninguno probó la buena fe en los procesos judiciales”. Se entiende que era la “buena fe” al hacerse propietario de las tierras les reclamaban ciudadanos que argumentaban ser los legítimos dueños.
Empresarios se aprovecharon de la violencia
La Fundación Forjando Futuros menciona a
las empresas que se beneficiaron de la violencia para adquirir tierras o títulos
mineros:
-
Continental Gold Limited
Sucursal Colombia
-
Exploraciones Chocó Colombia
S.A.S.
-
Anglogold Ashanti Colombia
S.A.
-
Sociedad Agropecuaria Carmen
de Bolívar S.A.
-
Sociedad Las Palmas Ltda.
-
Agropecuaria Palmas de Bajirá
S.A.
-
Inversiones Futuro Verde S.A.
-
Palmagan S.A.S.
-
A. Palacios S.A.S.
Varias de estas empresas tienen aún concesiones otorgadas por el Estado colombiano para la exploración minera en diferentes zonas del país o han recibido apoyos económicos de parte de programas gubernamentales.
Una contrarreforma agraria
Como el tema de la tierra ha estado
gravitando en los conflictos sociales, políticos y armados en Colombia
prácticamente desde comienzos del siglo XX, diferentes sectores han reclamado
la necesidad de que se adelante una reforma agraria que redistribuya la tierra
en el país.
Iniciativas gubernamentales adelantadas a
mitad de las décadas de 1930 por el presidente Alfonso López Pumarejo y de 1960
por Carlos Lleras Restrepo fracasaron por múltiples factores, entre ellos la
oposición de élites políticas y económicas que eran claramente terratenientes o
aliadas de ellos.
Aún así, el Estado ha ido adelantando a
pasos muy lentos procesos para dar tierras a quienes no las tienen. Sin
embargo, buena parte de esos esfuerzos han fracaso precisamente por la
violencia. El informe mencionado de la Fundación Forjando Futuros lo resumen
así:
“El 63 % de las 97 mil hectáreas restituidas [en los actuales procesos judiciales] ya había sido adjudicado por la Nación a campesinos pobres. Lo que el despojo ocasionó fue una contrarreforma a favor de terratenientes haciendo inútiles las iniciativas estatales de los últimos 50 años”.
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