Votar en Colombia sirvió para botar 38 millones de dólares
Artículo que publiqué originalmente en Otramérica
Colombia acaba de realizar las elecciones quizá más costosas y absurdas de su historia. Fueron este domingo 29 de mayo y durante todo el día las mesas de votación lucieron vacías, al punto que sólo acudieron a las urnas el 10 por ciento de los ciudadanos que podían hacerlo.
Aparte del gravísimo problema de legitimidad que tendrán los resultados, lo inadmisible es que terminarán valiendo unos 75.000 millones de pesos, algo así como 38 millones de dólares. Eso en este país que está semidestruido por las lluvias de los últimos meses y con 3 millones de personas damnificadas por ellas.
No es extraño entonces que el propio ministro de Interior (el encargado de asuntos políticos), Germán Vargas Lleras, haya dicho poco después de cerradas las urnas que “este proceso de las consultas internas es un fracaso” y que ese dinero se debió haber invertido mejor en hospitales, carreteras y en levantar casas derruidas.
Y aquí la clase política más encumbrada tiene toda la responsabilidad –mejor, la irresponsabilidad– porque se empeñó en hacer con dineros públicos, con plata del Estado, unas elecciones internas que solo les incumbían a ellos. Eso no fue ilegal, porque la ley que ellos mismos hicieron lo contempla, sino absolutamente desatinado.
Las elecciones fueron para “consultas de partidos y movimientos políticos”, es decir, para escoger a algunos de sus candidatos para las elecciones de octubre próximo, esas sí muy importantes porque serán para elegir alcaldes, gobernadores, concejales municipales y diputados departamentales, o sea las cabezas del poder ejecutivo y las instancias legislativas locales y regionales.
Aparte de ese embeleco cuasi narcisista porque a casi nadie le importaron las elecciones –la mayoría de ciudadanos ni supo que se estaban realizando–, los partidos políticos participaron en ellas con un descaro tal que debería ser considerado una conducta punible y por ello motivo de investigación penal.
Los tipos que los encabezan entraron a ellas y se salieron con la misma tranquilidad de quien se inscribe y luego de retira de la rifa en una piñata de niños, es decir, en una fiesta infantil: no les importó en lo más mínimo los enormes costos en que incurriría el Estado por el montaje del andamiaje electoral.
Pongo el ejemplo de mi ciudad y mi región, Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Aquí, la única consulta fue del Partido Conservador para escoger su candidato a la Gobernación. Pues bien, de 10 candidatos que se anotaron (y que figuraron en los tarjetones que se entregaron a los ciudadanos para su voto), seis se retiraron, tres de ellos el día antes a las elecciones. El motivo: supuesta falta de garantías y desconfianzas entre ellos.
Esos personajes que se inscribieron y luego se salieron no eran ningunos novatos en la política: Juan Gómez Martínez (ex alcalde, ex gobernador, ex ministro, ex embajador), Sergio Naranjo Pérez (ex alcalde, ex embajador), Óscar Darío Pérez Pineda (ex senador, ex representante a la Cámara), Carlos Ignacio Cuervo (ex viceministro, ex representante a la Cámara) y Roberto Hoyos Ruiz (ex funcionario, dirigente gremial).
Aunque se mencionó como posible precandidato por este partido, Óscar Suárez Mira no alcanzó a inscribirse: el 26 de enero pasado fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con dos jefes paramilitares sindicados de numerosos crímenes y narcotráfico.
Quien resultó ganador de esa consulta, Álvaro Vásquez Osorio, está hoy en un escándalo grave por actuaciones suyas poco éticas en la compra-venta de unas acciones y, según algunas denuncias, también poco legales.
Pero más que la anécdota particular de lo ocurrido en una región colombiana, lo que estas elecciones reconfirmaron es una situación que se conoce desde hace por lo menos una década en este país, algo que está sobrediagnosticado pero que no se ha podido cambiar:
• La absoluta crisis de los que han sido llamados “partidos tradicionales” (que llevan en agonía más de esa década y no se han podido morir, pero tampoco recuperar del todo).
• La urgencia de una modernización real de todos los partidos, más allá de cambios cosméticos de slogans y logotipos.
• La falta de mecanismos claros y eficientes de democracia interna dentro de los partidos.
• La ausencia de un proyecto ideológico coherente en colectividades políticas de origen reciente que trascienda los intereses meramente electorales, aquellos que solo buscan conseguir votos para llegar al poder y repartírselo: apropiarse del “Estado botín”, como decía uno de mis profesores de ciencias políticas.
Por eso muchos que estuvieron cerca a esta lánguida “jornada democrática” –pero lejanos a los movimientos políticos que en ellas participaron– mostraron su indignación por unas elecciones tan costosas y de resultados tan pobres, en momentos en los que se necesita muchísimo dinero para recuperar las zonas devastadas por las lluvias.
Aquí vale recordar otra definición de “piñata” que trae el diccionario, la cual es bastante utilizada en Colombia: “apropiación de bienes públicos y privados”. O derroche de los mismos para intereses propios, diría cualquier paisano de a pie…
¡Que viva la democracia, maestro!, gritarán sus defensores.
¡Que alguien haga algo para frenar esta nueva piñata!, responderán los que todavía les duele este país.
Aparte del gravísimo problema de legitimidad que tendrán los resultados, lo inadmisible es que terminarán valiendo unos 75.000 millones de pesos, algo así como 38 millones de dólares. Eso en este país que está semidestruido por las lluvias de los últimos meses y con 3 millones de personas damnificadas por ellas.
No es extraño entonces que el propio ministro de Interior (el encargado de asuntos políticos), Germán Vargas Lleras, haya dicho poco después de cerradas las urnas que “este proceso de las consultas internas es un fracaso” y que ese dinero se debió haber invertido mejor en hospitales, carreteras y en levantar casas derruidas.
Y aquí la clase política más encumbrada tiene toda la responsabilidad –mejor, la irresponsabilidad– porque se empeñó en hacer con dineros públicos, con plata del Estado, unas elecciones internas que solo les incumbían a ellos. Eso no fue ilegal, porque la ley que ellos mismos hicieron lo contempla, sino absolutamente desatinado.
Las elecciones fueron para “consultas de partidos y movimientos políticos”, es decir, para escoger a algunos de sus candidatos para las elecciones de octubre próximo, esas sí muy importantes porque serán para elegir alcaldes, gobernadores, concejales municipales y diputados departamentales, o sea las cabezas del poder ejecutivo y las instancias legislativas locales y regionales.
Aparte de ese embeleco cuasi narcisista porque a casi nadie le importaron las elecciones –la mayoría de ciudadanos ni supo que se estaban realizando–, los partidos políticos participaron en ellas con un descaro tal que debería ser considerado una conducta punible y por ello motivo de investigación penal.
Los tipos que los encabezan entraron a ellas y se salieron con la misma tranquilidad de quien se inscribe y luego de retira de la rifa en una piñata de niños, es decir, en una fiesta infantil: no les importó en lo más mínimo los enormes costos en que incurriría el Estado por el montaje del andamiaje electoral.
Pongo el ejemplo de mi ciudad y mi región, Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Aquí, la única consulta fue del Partido Conservador para escoger su candidato a la Gobernación. Pues bien, de 10 candidatos que se anotaron (y que figuraron en los tarjetones que se entregaron a los ciudadanos para su voto), seis se retiraron, tres de ellos el día antes a las elecciones. El motivo: supuesta falta de garantías y desconfianzas entre ellos.
Aunque se mencionó como posible precandidato por este partido, Óscar Suárez Mira no alcanzó a inscribirse: el 26 de enero pasado fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con dos jefes paramilitares sindicados de numerosos crímenes y narcotráfico.
Quien resultó ganador de esa consulta, Álvaro Vásquez Osorio, está hoy en un escándalo grave por actuaciones suyas poco éticas en la compra-venta de unas acciones y, según algunas denuncias, también poco legales.
Pero más que la anécdota particular de lo ocurrido en una región colombiana, lo que estas elecciones reconfirmaron es una situación que se conoce desde hace por lo menos una década en este país, algo que está sobrediagnosticado pero que no se ha podido cambiar:
• La urgencia de una modernización real de todos los partidos, más allá de cambios cosméticos de slogans y logotipos.
• La falta de mecanismos claros y eficientes de democracia interna dentro de los partidos.
• La ausencia de un proyecto ideológico coherente en colectividades políticas de origen reciente que trascienda los intereses meramente electorales, aquellos que solo buscan conseguir votos para llegar al poder y repartírselo: apropiarse del “Estado botín”, como decía uno de mis profesores de ciencias políticas.
Por eso muchos que estuvieron cerca a esta lánguida “jornada democrática” –pero lejanos a los movimientos políticos que en ellas participaron– mostraron su indignación por unas elecciones tan costosas y de resultados tan pobres, en momentos en los que se necesita muchísimo dinero para recuperar las zonas devastadas por las lluvias.
Aquí vale recordar otra definición de “piñata” que trae el diccionario, la cual es bastante utilizada en Colombia: “apropiación de bienes públicos y privados”. O derroche de los mismos para intereses propios, diría cualquier paisano de a pie…
¡Que viva la democracia, maestro!, gritarán sus defensores.
¡Que alguien haga algo para frenar esta nueva piñata!, responderán los que todavía les duele este país.
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