Las masacres de la caja de cartón

Foto de Manuel Saldarriaga

Después de hablar un rato sobre lo que yo venía escribiendo en el diario El Colombiano, el funcionario de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación que tenía al frente me dijo: "¿Ve esa caja de cartón de allá? Se la regalo, haga un libro con lo que tiene adentro".

La caja estaba en el piso, en una esquina, junto a una cantidad de expedientes arrumados en orden, algunos amarrados con cabuya. La oficina era amplia, con el piso cubierto con un tapete desgastado color crema, paredes blancas y sólo dos escritorios huérfanos de otro mobiliario.

Le pregunté qué contenía y me respondió que toda la investigación sobre las masacres que habían ocurrido en el departamento del Chocó desde 1996 hasta ese momento. Tenía incluso los reportes forenses de cuerpos y más cuerpos hallados en fosas comunes. "Ahí está prácticamente todo", sentenció.

Sólo atiné a interrogarlo por qué me la daba y, palabras más palabras menos, me contestó que estaba cansado de explicarle a la propia Procuraduría, a la Fiscalía, a la misma Presidencia de la República, qué era lo que estaba pasando en ese departamento, cómo estaban masacrando a la gente. Estaba hastiado de que el Estado para el cual trabajaba no hiciera nada para evitarlo.

Me dijo, por ejemplo, que las masacres paramilitares en el Chocó habían comenzado unas semanas después del 26 de mayo de 1996, día en que el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, había anunciado que convocaría en enero siguiente a una licitación internacional para la construcción de un canal interoceánico.

Según ese anuncio, la idea era unir los ríos Atrato (que desemboca en el océano Atlántico) y Truandó (uno de sus afluentes que lleva sus aguas hasta el Pacífico). ¡Esas son palabras mayores! Tanto así que se abrió una polémica cuando expertos advirtieron que para hacer el canal se debía utilizar energía atómica para remover un manto rocoso que hay en la zona.

El gobierno insistía en que había que aprovechar las bondades de nuestra naturaleza para construir una vía alterna al canal de Panamá, que tiene limitaciones en cuanto al calado de los barcos que pueden cruzarlo. La oposición respondía que todo era una 'cortina de humo' del gobierno para tratar de desviar la crisis que vivía producto del Proceso 8.000.

Nunca se volvió a saber de la comisión creada por Samper en el decreto 0927 para estudiar el proyecto, pero sí de la violencia que empezaron a padecer las comunidades afrodescendientes propietarias, gracias a títulos colectivos, de buena parte de las inmensas y ricas selvas del Chocó.

Las crónicas de prensa que motivaron la llamada del investigador de la Procuraduría denunciaron, dándole mucha voz a los campesinos, la violencia tan aterradora que había en el Atrato Medio desde hacía un par de años, los bloqueos para el ingreso de alimentos y contaba la historia de unos campesinos que llevaban meses viviendo selva adentro, único refugio que encontraron para seguir con vida de las incursiones paramilitares.

Buena parte de esa historia ocurría a lo largo del río Jiguamiandó y se puede leer con más detalle en el libro Los muertos no hablan, de Paco Gómez Nadal, quien escribe en este mismo blog sobre otro lugar del Chocó.

"Haga un libro con eso, o un artículo, o lo que quiera, porque nadie nos ha querido escuchar", comentó el hombre de la Procuraduría.

Seguimos hablando y finalmente no me quedé con los documentos porque, en un arranque de responsabilidad ciudadana que hoy no me perdono, no consideré prudente quedarme con una copia de una investigación de esas características.

Además, pensé que con lo que publiqué seguro ya estaba 'caliente', como dicen los pelaos de las bandas de Medellín sobre quien se mete en problemas muy serios.

Saliendo de la Procuraduría, pasadas las 6 de la tarde, me llamó con urgencia Javier Arboleda, un gran periodista y compañero de mi sección, a decirme que me fuera rápido para el periódico.
- ¿Por qué, qué pasó?
Él me respondió simplemente: "Juan, venga que le llegó una carta".
- ¿Carta de quién?
- De esos manes…
No había nada más que decir: ya me había 'calentado'.

Todo esto fue en Medellín, en septiembre de 1999.

El terror siguió y sigue en el Atrato Medio con la muerte y la humillación como banderas. Aún hoy, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y las propias comunidades de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó continúan denunciando las presiones de paramilitares, algunos con apoyo de unidades del Ejército colombiano, para que siembren palma africana en unas tierras que, aunque suyas, reclama como propias un sujeto del que sólo conocen el alias.

"El problema de esos negros es que están con las mejores tierras del país, lo vamos arreglar como sabemos, el gobierno no ha logrado hacer lo que tenía que hacer, solo las alianzas empresariales, pero no más", fue una de las amenazas proferidas el 10 de diciembre pasado contra los nativos de la zona, según denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Por eso hoy, 6 años después de esa historia, no me sorprende para nada que la Fiscalía haya encontrado en gavetas dentro de unas oficinas de la propia Fiscalía, en Bogotá, 28 paquetes de pruebas contra narcotraficantes y paramilitares. Documentos que según reveló el diario El Tiempo (6 de marzo de 2006) estaban "inactivos" desde 2004, es decir, no se habían usado en procesos judiciales.

Investigaciones hechas, con las pruebas listas, seguramente hay muchas por el estilo durmiendo el sueño de la impunidad en juzgados, fiscalías, contralorías y procuradurías del país. Como esas de los 28 paquetes de Bogotá que se acaban de 'descubrir' o la que contaba las atrocidades del Chocó y que un funcionario desengañado del que jamás volví a saber, estaba a punto de regalar.